Israel usa a Juana Ruiz para relanzar su campaña contra la sociedad civil palestina

Foto: la trabajadora española Juana Ruiz Sánchez llega esposada de pies y manos a la corte de la prisión militar israelí de Ofer, en la Cisjordania ocupada. — Laura Fernández Palomo / EFE

11 de noviembre de 2021

Por Eugenio García Gascón

El episodio de la cooperante española, condenada el miércoles a 13 meses de prisión, es otro capítulo de la lucha sin cuartel que el estado judío conduce contra la sociedad civil palestina. Las autoridades militares, que en octubre cerraron de un plumazo seis ONG palestinas, la vinculan con la financiación de una «organización terrorista» al tiempo que eluden mencionar la brutal ocupación de Cisjordania.

Inmediatamente después de que el miércoles un tribunal militar anticipara la condena de Juana Ruiz, Israel relanzó una campaña internacional de propaganda que vincula a la trabajadora española de derechos humanos que reside en el área de Belén, al sur de Jerusalén, con las seis ONG independientes de la sociedad civil palestina que en octubre fueron declaradas «terroristas» por el ministro de Defensa Benny Gantz.

La fiscal militar acordó con la defensa de la trabajadora española una condena de 13 meses de prisión y una multa de 50.000 shekels (16.000 euros), acuerdo que con toda seguridad será validado por el tribunal castrense el próximo 17 de noviembre, sin que se esperen modificaciones sustanciales.

En estos casos es frecuente que la fiscalía y la defensa lleguen a un pacto conveniente para las dos partes. Por un lado, la fiscalía «demuestra» que Juana Ruiz, al aceptar dos de los cinco cargos, está vinculada con el «terrorismo», mientras que por otro lado la cooperante se asegura que tendrá una condena reducida que le permitirá quedar pronto en libertad y que no habrá sorpresas desagradables en el juicio.

Los medios locales destacan que el acuerdo se produce pocos días después de que Israel haya puesto en marcha una campaña internacional para justificar la clausura de seis reputadas ONG que trabajan por los derechos de los palestinos. El ministerio de Defensa israelí relaciona a esas ONG con el partido progresista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), como ocurre en el caso específico de Juana Ruiz.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han criticado el cierre de las ONG pero Israel no parece dispuesta a dar marcha atrás. Hace solo unos días prohibió la celebración de actividades culturales palestinas en el sector ocupado de Jerusalén, y el cierre de las seis ONG se interpreta ampliamente como otro zarpazo para erradicar cualquier tipo de actividad civil en los territorios ocupados.

En EEUU y en varios países de la UE se señala que Israel está haciendo un uso impropio de las herramientas legales para combatir a la sociedad civil palestina y que el cierre de las ONG está motivado por planteamientos políticos, pero nada puede esperarse de estas denuncias dada la estrecha relación del estado judío con EEUU y con la completa inoperancia de la UE.

Aprovechando la condena del miércoles contra la empleada de una ONG del área de la sanidad, las autoridades israelíes subrayaron que su caso explica perfectamente los vínculos entre las ONG de derechos humanos recientemente clausuradas y la financiación del «terrorismo».

No está claro por qué la fiscalía se ha contentado con una sentencia de solo 13 meses de prisión si tiene pruebas de que Juana Ruiz ha estado financiando a una «organización terrorista» como el FPLP. No parece lógico que si dispone de pruebas concluyentes, como afirma tener, la fiscalía se conforme con una condena que permitirá a la cooperante quedar en libertad muy pronto.

El mismo miércoles por la tarde, el ministro de Exteriores Yair Lapid relanzó la campaña contra las ONG diciendo: «Toda la comunidad internacional tiene que trabajar junta con Israel para evitar que las organizaciones terroristas operen en un marco civil, y para evitar que los fondos lleguen a las organizaciones terroristas».

«La admisión de culpabilidad (por parte de Juana Ruiz) es otra prueba de que una organización terrorista cínica y asesina ha levantado una red de mentiras y fraude que opera bajo el disfraz de organizaciones humanitarias y como conducto para la llegada de fondos terroristas, engañando deliberadamente a los donantes, las organizaciones y los países», agregó Lapid.

Por su parte, el titular de Defensa Gantz dijo: «La condena (a Juana Ruiz) demuestra que el FPLP opera una red de organizaciones ‘humanitarias’ con el fin de recaudar fondos que se destinan a actividades terroristas». «El uso cínico de organizaciones de derechos humanos como amparo es un pecado doble», añadió Gantz. «Alimenta el terrorismo y daña a organizaciones que hacen un trabajo real e importante para la sociedad civil».

La raíz del problema continúa siendo la brutal ocupación de los territorios palestinos, un asunto al que nunca se refieren los dirigentes hebreos, y que ignoran deliberadamente EEUU y Europa. Mientras tanto, Israel desmantela cualquier iniciativa de su sociedad civil y expande la colonización judía en Cisjordania.

La ONG israelí B’Tselem criticó las declaraciones de los ministros Lapid y Gantz. «El vínculo (que ellos establecen) les sirve para justificar su desgraciada decisión de cerrar a organizaciones de derechos humanos y de silenciar las críticas a las políticas israelíes. Ahora, con gran cinismo, elogian los derechos humanos mientras luchan contra ellos cada hora de cada día».

La cuestión central, con la que está relacionada el juicio contra Juana Ruiz, es ahora si Israel cederá y reabrirá las seis ONG que acaba de cerrar, algo que no parece que vaya a ocurrir, y que tendrán que aceptar tanto EEUU como Europa como un nuevo peaje por su inactividad.

Fuente: www.publico.es

 

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