Trabajadora humanitaria encarcelada; La activista española Juana Ruiz comparece de nuevo ante un tribunal militar israelí

El fiscal militar pide a la cooperante española que acepte el cargo de colaborar con una organización ilegal para Israel y el «tráfico» de divisas en Cisjordania a cambio de una pena de 13 meses de cárcel y una multa de unos 13.0000 euros. El abogado israelí, Avigdor Feldman, aseguró que «los cargos contra ella son parte de una estrategia general para criminalizar toda actividad humanitaria en los territorios ocupados»

Juana Ruiz, de 63 años y trabajadora humanitaria, reside en los territorios palestinos desde los años 80, está encarcelada por Israel desde hace siete meses y acusada de pertenecer a una organización ilegal.

La sesión del lunes, realizada en el tribunal de la prisión militar de Ofer, en la Cisjordania ocupada, se celebró al margen del juicio en curso contra la española, aunque el juez podría tener en consideración lo acordado por las partes.

El tribunal militar israelí denegó el pasado 27 de octubre la prisión domiciliaria para Ruiz al argumentar que «no había llegado el momento», aunque se considería «si el juicio no avanza significativamente».

La Fiscalía militar israelí presentó en mayo cinco cargos formales contra Ruiz, relacionados con su trabajo recaudando fondos para los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina que Israel acusa de integrar una red que desviaba dinero europeo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista también por EEUU y la UE.

«Le juro por Dios que soy inocente», dijo Ruiz en su breve intervención vía teleconferencia en la vista del 27 de octubre desde la prisión de Damon, en la ciudad de Haifa, al norte de Israel. Entre los cargos que se imputan a Ruiz figuran el de «pertenencia a organización ilegal», «recibir e introducir dinero en los territorios palestinos» o «recibir dinero con falso propósito».

Después de varios aplazamientos desde mayo por la pandemia y por cambios de abogado, Ruiz acudió por primera vez al tribunal de la prisión militar de Ofer, en Cisjornadia ocupada, el pasado agosto. 

El abogado que encabeza su defensa, Avigdor Feldman, aseguró en una entrevista con Efe en septiembre que «los cargos contra ella son parte de una estrategia general para criminalizar toda actividad humanitaria en los territorios ocupados».

Fuentes: El País de España y www.lavanguardia.com

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