Israel se dispone a silenciar a organizaciones esenciales de la sociedad civil palestina

Por Zena Agha
(escritora palestina-iraquí y académica no residente en el Instituto del Medio Oriente en Washington).

El 19 de octubre, usando evidencia secreta, y por lo tanto insuficiente, el Ministerio de Defensa de Israel acusó a seis de las organizaciones más prominentes de derechos humanos y de la sociedad civil de Palestina de ser organizaciones “terroristas” vinculadas con un grupo militante. Tan solo unos días después, Israel aprobó la construcción de más de 3000 nuevas unidades de asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania y anunció planes para duplicar la población judía-israelí en el Valle del Jordán para 2026.

La criminalización real de las instituciones palestinas y la expansión de los asentamientos son dos lados de la misma moneda. El objetivo es claro: silenciar el monitoreo independiente de las violaciones a los derechos humanos de Israel que se encuentra entre la anexión total del territorio ocupado de Cisjordania y la rendición de cuentas a nivel internacional. Desde la década de 1990, la sociedad civil palestina se ha expandido para cumplir el papel de exponer y resistir los crímenes de la ocupación israelí y la corrupción de la Autoridad Palestina y Hamás. Se ha vuelto la última línea de defensa. Será más difícil responsabilizar a Israel si algunas de las organizaciones más importantes para la defensa de los derechos palestinos son silenciadas, debilitadas o eliminadas.

Los grupos amenazados —Al-Haq, Defensa para los Niños Internacional de Palestina (DCIP, por su sigla en inglés), la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, Addameer, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas— son organizaciones esenciales de la sociedad civil palestina. El alcance de su trabajo es variado, entre otras cosas, la DCIP resalta la detención y el abuso de niños en el sistema de cortes militares y Al-Haq ha brindado evidencia crucial a la Corte Penal Internacional para la investigación de supuestos crímenes de guerra perpetrados en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Juntas forman parte de una sociedad civil cuyo cometido es representar y brindar servicios a los cinco millones o más de palestinos que viven bajo la ocupación militar israelí.

Durante más de tres décadas, la documentación, el monitoreo, la recolección de información y la defensa internacional de los grupos ha sido vital para revelar la realidad in situ y a menudo son la primera visita obligada de diplomáticos, Naciones Unidas y la comunidad internacional general que confía en ellos para realizar evaluaciones de lo ocurrido en los territorios ocupados.

Como consecuencia del trabajo de estos grupos, las autoridades israelíes han hecho redadas en oficinas y han acosado a los personales de estas y otras organizaciones durante años. Apenas en julio pasado, soldados israelíes hicieron una redada en la oficina de la DCIP en la ciudad de Al Bireh en Cisjordania, donde incautaron computadoras, discos duros y archivos de clientes relacionados con los niños palestinos detenidos a los que representan en las cortes militares de Israel. Cuando ocurren esas redadas, a veces son arrestados miembros del personal.

También se ha atacado a agrupaciones internacionales en favor de los derechos humanos reconocidas por documentar las violaciones de derechos por parte de Israel. En 2019, el gobierno israelí deportó al director de Human Rights Watch de Israel y Palestina, Omar Shakir, después de una larga batalla legal. Y ese mismo año, le impuso una prohibición de ingreso a Israel al responsable de las campañas de Amnistía Internacional, Laith Abu Zeyad, quien estaba radicado en Cisjordania.

Da la impresión de que estas tácticas son parte de un movimiento continuo y más amplio para deslegitimizar, obstruir el financiamiento y la eliminación permanente de las ONG palestinas. La reducción del espacio de la sociedad civil palestina ha sido bien documentado. Es parte de una campaña que encabeza el gobierno israelí (con apoyo de grupos como NGO Monitor y UK Lawyers for Israel, para perseguir a estas organizaciones en los tribunales y que han sido acusados por grupos de defensa de derechos de difundir desinformación), a fin de atacar a las organizaciones de la sociedad civil que monitorean y se resisten a las violaciones a los derechos humanos de Israel, incluida la expansión continua de los asentamientos ilegales.

Estos ataques en contra de la sociedad civil no se limitan a las organizaciones que operan en Israel, Gaza y Cisjordania. Se esparcen por tribunales, campus universitarios y oficinas de gobierno en toda Europa y Norteamérica por medio de campañas de desprestigio, la proliferación de leyes inconstitucionales antiboicot y demandas que buscan distraer y drenar a las organizaciones sin fines de lucro que son solidarias con la sociedad civil palestina.

Sin embargo, ¿por qué etiquetar a estos grupos de “terroristas” ahora? Sin duda, Estados Unidos y Europa son la audiencia a la que va dirigido el nombramiento. Parece que la meta de Israel es usar como arma la infraestructura en expansión de las leyes antiterrorismo creadas en todo el mundo después del 11 de septiembre, para atacar a los defensores de los derechos humanos palestinos al clasificar su trabajo legítimo de “terrorismo”, con el fin de hacer que sus organizaciones, sus esfuerzos y sus personas sean tóxicas, intocables y, lo más importante, mucho más difíciles de financiar.

El efecto total de la designación todavía está por confirmarse. En términos reales, abre la puerta para más acoso sobre el personal y los recursos de estas organizaciones, lo cual aumenta el riesgo de arrestos y posibles enjuiciamientos. Además, si la comunidad internacional está de acuerdo con la designación de Israel, estas organizaciones podrían ver el fin de su recaudación de fondos.

Este momento es un testimonio del espíritu y el progreso sostenido de estas organizaciones. Sin embargo, las consecuencias —la amenaza para los defensores de los derechos humanos palestinos, la posible falta de escrutinio sobre las violaciones israelíes y la continua invasión sin límites de los territorios palestinos— presagian tiempos más sombríos por venir. Además, la designación de los grupos que monitorean abusos en el territorio ocupado de Cisjordania es una distracción deliberada del proyecto de asentamientos en ese territorio que comenzó hace más de 50 años.

Agrupaciones internacionales de derechos humanos han emitido comunicados fuertes sobre la naturaleza autoritaria y represiva de una medida de ese tipo y se ha solicitado la inmediata anulación de la designación. Asimismo, ya hay una oposición en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la forma de una resolución del Congreso. Eso está bien. Una sociedad civil robusta es una característica clave de una democracia saludable. Los regímenes autoritarios son los que las silencian y las reprimen.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (al que, según se afirma, no se le avisó por adelantado de la decisión) ya ha solicitado una aclaración y la oficina local de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le pidió a Israel que “respete en su totalidad los derechos a la libertad de asociación y expresión, sin ninguna interferencia ni acoso en contra de las organizaciones ni su personal”.

Asimismo, los grupos de la sociedad civil palestina y los organismos internacionales de derechos humanos han exigido que Israel anule de inmediato estas designaciones. Cualquiera que esté preocupado de la protección de las instituciones democráticas debería apoyarlos.

(Zena Agha es escritora palesstina-iraquí y académica no residente en el Instituto del Medio Oriente en Washington).

tomado del New York Times en español: https://www.nytimes.com/es/2021/11/09/espanol/opinion/derechos-humanos-israel-palestina.html

La ocupación israelí como amenaza al orden mundial basado en normas

Por Majdi Khaldi [1]

El 18 de septiembre de 1967, aproximadamente cuatro meses después de que Israel ocupara el 22 por ciento que queda de la Palestina árabe, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí presentó un dictamen jurídico a la oficina de su primer ministro conocida como la “Opinión Meron”, que pretendía responder a las preguntas sobre los asentamientos en los territorios ocupados. “Mi conclusión es que los asentamientos civiles en los territorios administrados contravienen las disposiciones explícitas de la Cuarta Convención de Ginebra”, concluía la nota que, aunque utilizaba el término político “administrados” en lugar de “ocupados”, reconocía el carácter de Israel como potencia ocupante, incluyendo la aplicabilidad de la Cuarta Convención de Ginebra.

Pero esta opinión “desapareció” rápidamente de la mesa del primer ministro israelí, e Israel se negó a reconocer sus obligaciones, mientras que la comunidad internacional no tomó ninguna medida para honrar los derechos del pueblo de Palestina. Se conoce el resultado: Israel ha ignorado totalmente sus obligaciones según el derecho internacioanl. Paralelamente, Israel se ha movido en dos vías que forman parte del mismo camino: una anexión de jure de Jerusalén Oriental y de las vastas zonas de su entorno, así como una anexión del facto del resto del Territorio ocupado. El “Dictamen Meron” no solo demuestra que Israel sabía lo que estaba haciendo desde el principio, sino que también sirvió de prueba para ver la reacción de la comunidad internacional.

Tanto si la comunidad internacional quiere reconocer los hechos sobre el terreno o no, ha quedado claro que la tolerancia por los crímenes y las violaciones de Israel se han convertido en una amenaza para la idea misma de un orden mundial basado en normas. Ha permitido a Israel seguir adelante con el proyecto “Gran Israel”, negando los derechos del pueblo palestino e impulsando un proceso de anexión en curso que involucra la imposición de una empresa de asentamiento colonial y su infraestructura conexa. En la actualidad hay casi 700.000 israelíes en el Territorio Palestino Ocupado (TPO).

Ambas, la colonización y la anexión son respectivamente equivalentes a crímenes de guerra y crímenes contra los derechos humanos. Si acaso, Israel ha sido recompensado. Mientras que la norma sugiere que la responsabilidad y la justicia son requerimientos básicos para la paz, cuando se trata de Palestina, están aquellos que siguieren que a Israel debería concedérsele la inmunidad, se sostiene incluso la idea de que debería lloverle cumplidos tales como “valores compartidos” o el de ser una “democracia vibrante”, para incentivar a Israel a que logre una solución. Pero la teoría y la práctica sugieren otra cosa.

Si acaso, la inmunidad ha sido un elemento clave para desarrollar la actual realidad del apartheid, como denuncian las prestigiosas organizaciones de derechos humanos como la Human Rights Watch o el B’Tselem. Israel ya no tiene miedo de mostrar su verdadera cara, como se vio durante la aprobación de la ley racista del Estado-nación judío en 2018, y es precisamente la combinación de docenes de leyes las que solo discriminan a los palestinos dondequiera que estén, además de las políticas y las prácticas de esta Empresa de asentamiento-colonial que evitó el logro de una solución justa y duradera.

La comunidad internacional puede condenay, de hecho, ejercer presión, como se ha visto en casos tales como Khan al-Ahmar y Sheikh Jarrah, pero en este caso nada ha cambiado: Israel puede retrasar la ejecución de sus planes en un caso en concreto, pero las leyes y las políticas que prohíben estos crímenes siguen vigentes. Dejemos también constancia de lo siguiente: estas políticas no surgen en el vacío y no las establece un grupo de colonos radicales, sino que son políticas del Estado. Lo menos que la comunidad internacional puede hacer es asegurarse de no participar en la negación de nuestros derechos, como quedó claro en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el muro de anexión ilegal de Israel. La resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deja clara la necesidad de diferenciar entre Israel y los territorios que ocupa, pero sobre el terreno tenemos fundaciones, empresas y personas extranjeras que desempeñan un papel activo en esta empresa colonial de asentamientos, incluso a través de empresas de Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Corea y México, por mencionar algunas.

El mensaje de impunidad ha sido transmitido a los colonos israelíes. Saben que sus crímenes quedarán, en gran medida, impunes y, como se ve regularmente, seguirán siendo protegidos por las fuerzas israelís mientras siguen cometiendo crímenes terroristas destinados a desplazar a los palestinos a la fuerza. Estos ataques van desde la quema de mezquitas o iglesias hasta el asesinato de palestinos, e incluyen la destrucción de infraestructuras, campos agrícolas y vehículos. Durante 2021, ha habido cientos de víctimas de este tipo de ataques. Solo en mayo hubo 187 casos documentados (frente a los 44 del año anterior). Las cifras han seguido siendo significativas bajo el nuevo gobierno israelí, incluso mediante marchas de colonos israelíes en el Jerusalén Oriental ocupado y en otros lugares donde corean “Muerte a los árabes” y “Tu pueblo arderá”. Estas consignas se escuchan incluso en los partidos de fútbol de la liga israelí.

Israel disfruta de las relaciones privilegiadas que tiene con la Unión Europea a pesar de que su Acuerdo de Asociación bilateral incluye una clara referencia en la que se afirma que “las relaciones entre las Partes, así como todas las disposiciones del propio Acuerdo, se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que guían su política interna e internacional y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo”. ¿Puede alguien afirmar que el mismo Israel que niega el derecho a la autodeterminación de los palestinos cumple esos principios?

La Unión africana, una antigua aliada de Palestina, ha aceptado la condición de observador de Israel a través de su presidente de la Comisión sin pedir ninguna medida para respetar los derechos del pueblo palestino. La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos estable que “todos los pueblos tendrán derecho a la asistencia de los Estado Partes en la presente Carta en su lucha de liberación contra la dominación extranjera, ya sea política, económica o cultural”. La adhesión de Israel es un paso en la dirección contraria en lo que respecta a los derechos de los palestinos. Sabemos que ese paso fue rechazado por varios países africanos y puede provocar su congelación.

¿Puede alguien poner en duda el compromiso de los miembros de la Unión Europea y la Unión Africana con los derechos del pueblo palestino? Por supuesto que no. Pero el mensaje que recibe Israel, como Benjamín Netanyahu declaró en su día, sus relaciones políticas siguen “floreciendo” mientras se siguen violando los derechos de los palestinos.

Apoyar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación incluye una serie de pasos y, de hecho, estamos muy agradecidos a todos los países que contribuyen a nuestra economía y el desarrollo de nuestras instituciones. Sin embargo, recompensar a Israel contradice sus objetivos declarados. Al mismo tiempo, varios países afirman apoyar los derechos de los palestinos y la “solución de dos Estados”, pero siguen evitando el paso básico de reconocer el Estado de Palestina.

Un embajador me preguntó una vez qué sería lo mínimo con lo que se conformarían los palestinos. Mi respuesta fue que no existen atajos para conseguir la dignidad y los derechos de nuestra nación: la paz requiere un desmantelamiento de todas las políticas de supremacía y colonialismo. Esto incluye la libertad del Estado de Palestina en la frontera de 1967, con Jerusalén Este como capital. Respetar estos principios básicos de igualdad, libertad y seguridad para todos es el núcleo de un orden mundial basado en normas. Israel se opone a estos principios y se burla de todo el concepto, principalmente porque supone que no recibirá consecuencias por ello: las afirmaciones de que Israel respeta el “Estado De derecho” o que es una “democracia” son tópicos que no pasan la prueba cuando se trata de los derechos del pueblo palestino.

Las prácticas de la Potencia ocupante de robo de tierras del Estado de Palestina en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén. Este, así como el bloqueo de la Franja de Gaza, amenazan con eliminar lo que queda de la visión de una solución de dos Estados. La alternativa que ofrece no es un Estado democrático para todos, sino una entidad racista que promueve la supremacía judía a lo largo de toda la palestina histórica. Este juego se ha abierto para todos: si Israel no quiere la solución de los dos Estados y rechaza la igualdad a través de un solos Estado, su política elegida puede ser simplemente un régimen de apartheid. Los palestinos representan hoy más del 50% de la población entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, y ellos, como cualquier otro pueblo en nuestro lugar, jamás aceptarían vivir como esclavos a los que les niegan sus derechos.

La opinión pública internacional ha empezado a darse cuenta de esta realidad. De hecho, hay una tendencia creciente, incluso en los Estados Unidos, a apoyar el cumplimiento de los derechos del pueblo palestino, poniendo fin a la ocupación israelí y a las políticas de supremacía judía. Dado que nos encontramos en un punto de inflexión, Israel no puede evitar responder si quiere una solución de dos Estados, es decir, dos Estados soberanos y democráticos que convivan en la frontera de 1967, o un Estado con igualdad de derechos para todos, independientemente de su origen religioso, nacional o étnico. La “elección” de Israel del apartheid no puede sino recibir el rechazo internacional a través de las herramientas disponibles en el derecho internacional para quienes cometen crímenes contra la humanidad.

El artículo 1 de la Carta de la ONU, sobre los objetivos de la organización, es inequívoco: “Mantener la paz y la seguridad internacionales y, a tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir quebrantamientos de la paz”. Traducir esto sobre el terreno debe incluir la protección del pueblo palestino de los ataques de la ocupación, incluidos aquellos perpetrados por los colonos como primer paso. Esta protección debe incluir la inclusión de las organizaciones de colonos en la lista de ilegales e impedir su financiación desde cualquier parte del mundo.

Dejar la cuestión de Palestina sin resolver al no aplicar los principios que la comunidad internacional ha establecido para la paz y la seguridad mundiales, incluido el derecho a la autodeterminación, está conduciendo a una pérdida de esperanza en la integridad del orden internacional existente, incluidas sus instituciones. Seguimos escuchando comentarios de ciertos países que se oponen a nuestra actividad en los foros multilaterales, alegando irónicamente que se está “señalando” a Israel, mientras que en realidad están premiando los crímenes que impiden a nuestra nación disfrutar de sus derechos. No es de esta manera como se construye un orden mundial basado en normas. Hace tiempo que debería haberse tomado las decisiones para obtener justicia, libertad, igualdad y dignidad para todos. 

Fuente: https://www.nad.ps/en/media-room/op-eds/israeli-occupation-threat-rules-based-world-order

Traducido para la Misión Diplomática de Palestina por Sara Reguera Mateo

[1] El Dr. Majdi Khaldi es el Asesor de Asuntos Diplomáticos del Presidente del Estado de Palestina.

De la pluma del insigne poeta Mahmoud Darwish y con el liderazgo de Yasser Arafat, un día como hoy en 1988 se emitió la Declaración de Independencia del Estado de Palestina

El 15 de noviembre de 1988, el líder histórico de la lucha por la liberación de Palestina, Yasser Arafat, proclamó ante el Consejo Nacional Palestino (Parlamento en el exilio) que sesionó en Argel, la Independencia del Estado de Palestina.

Esta Declaración de Independencia fue redactada por el poeta palestino Mahmoud Darwish y proclamada por Arafat, máximo líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Dicha declaración fue aprobada por el Consejo Nacional Palestino, el órgano legislativo de la OLP, con 253 votos a favor, 46 en contra y 10 abstenciones. Fue leída en la sesión de clausura del 19.º Consejo Nacional Palestino ante una ovación de los asistentes. Al terminar la lectura de su contenido, Arafat, como presidente de la OLP, asumió el cargo de “Presidente de Palestina”.

El anuncio de esta declaración fue hecha desde Argelia por Yasser Arafat, en el que declaró que Jerusalén es la capital eterna de Palestina. Cabe destacar que dicho anuncio no fue el primero de su tipo, ya que el “Gobierno de Toda Palestina” hizo público el primer documento de Independencia en octubre de 1948. En la actualidad casi 140 países reconocen a Palestina como un Estado soberano. Esta declaración fue un punto de inflexión en la historia del movimiento de liberación nacional palestino y condujo al reconocimiento árabe y mundial de su Estado según lo declarado en Argel.

 

Preso palestino, al borde de muerte súbita tras 122 días de huelga

El preso palestino Kayed Fasfus corre peligro de muerte súbita, tras permanecer 122 días en huelga de hambre, informan los medios israelíes.

Hasan, el hermano del prisionero, declaró el sábado a la agencia oficial de noticias palestina Wafa que las autoridades del centro médico Barzilai (en Ascalón), donde se encuentra Kayed, le informaron que el huelguista podría sufrir una muerte súbita por la aparición de signos de un coágulo de sangre.

Señaló que su hermano está experimentando pérdidas intermitentes del conocimiento, latidos irregulares, hipotensión, problemas renales, falta de líquidos y dolor por todo el cuerpo y su peso ha bajado de 95 a 45 kilogramos, además de presentar diversos dolores y molestias, lo que lo hace vulnerable ante un revés repentino en su salud.

Hasan explicó que la huelga continua ha causado a Kayed problemas en los riñones, corazón, pulmones y sistema nervioso.

El detenido presentaba hace una semana síntomas parecidos, cuando el Comité para Asuntos de los Prisioneros Palestinos denunció un rápido deterioro de su estado de salud.

El jueves, dicho comité exigió al tribunal supremo israelí la liberación inmediata de Fasfus y la anulación de la orden de detención administrativa en contra de este prisionero palestino. La orden se encuentra suspendida, pero no anulada, por motivos de salud; no obstante, el régimen israelí ha rechazado una solicitud para que sea trasladado a un hospital en Cisjordania.

¿A qué se debe la larga huelga?
Junto a Fasfus hay cinco presos palestinos más en huelga de hambre, que protestan de esta forma contra la detención administrativa a que los somete el régimen israelí en una práctica considerada ilegal por el Derecho Internacional, ya que permite a los militares apresar a ciudadanos palestinos de manera indefinida sin cargos ni juicio.

La huelga de hambre de los presos palestinos se inició para reclamar el fin de las medidas abusivas impuestas por las autoridades israelíes. Forma parte de una lucha y rebelión contra las regulaciones penitenciarias del régimen de Tel Aviv, agravadas en los últimos meses.

El movimiento Yihad Islámica Palestina ha advertido al régimen de Israel con una “guerra abierta”, en caso de que un prisionero sea asesinado en las cárceles israelíes.

Fuente: Hispantv 

La última treta de Israel para fragmentar y desempoderar al pueblo palestino

Fuentes: MERIP [Foto: Activistas israelíes y palestinos ante la sede de la Fundación Al-Haq en Ramala para denunciar la decisión israelí de declarar «terroristas» seis organizaciones palestinas de DDHH (Abbas Momani/AFP via Getty Images)]

Traducción del inglés para para Rebelión de Loles Oliván Hijós

Se suele reconocer a Al Haq, primera organización palestina de derechos humanos, haber establecido la norma referencial de la investigación y la defensa independiente de los derechos humanos. Hoy es, sin duda, una de las principales organizaciones de la sociedad civil en Palestina. Fundada en 1979 y siendo una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas del mundo, Al Haq ha ido ganando prestigio, tal y como narró magistralmente en 2021 Lynn Welchman en su magistral crónica «Al Haq: A Global History of the First Palestinian Human Rights Organization».

Se ha labrado una reputación de investigar rigurosamente e informar de manera imparcial sobre los delitos cometidos por Israel en los territorios palestinos ocupados, y ha impulsado el relevante debate sobre la responsabilidad de la comunidad internacional de garantizar el respeto del derecho internacional por parte de Israel. Lo ha hecho a pesar de las duras realidades de una sostenida ocupación militar y de la turbulenta época que siguió a los Acuerdos de Oslo de 1993 –la llegada de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) a los Territorios Ocupados y el establecimiento de la Autoridad Palestina (AP).

El personal de Al Haq ha sufrido de manera intermitente acoso, restricciones de movimiento y detenciones administrativas (encarcelamiento sin procedimiento legal), a manos del gobierno israelí, que ha falseado cargos equívocos, como la pertenencia a una u otra facción política palestina. El actual director de Al Haq, Sha’wan Jabarin, ha sufrido múltiples detenciones administrativas, así como una paliza que estuvo a punto de resultar fatal. Este tipo de acoso se ha convertido en normal, casi rutinario, para la organización. Pero nada habría podido preparar a Al Haq para la indignante decisión que tomó en octubre el nuevo ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, de designar a la organización y a otras cinco como grupos “terroristas” susceptibles de ser suprimidas y duramente castigadas en virtud de la ley antiterrorista de Israel.

Silenciar las voces palestinas

¿Por qué Gantz ha actuado contra estas seis organizaciones y por qué ahora? Es tentador sugerir que, en el caso de Al Haq, la designación de terrorismo forma parte de la intención del Estado israelí de ocultar los crímenes de su ocupación a la opinión pública internacional para que la exposición de los mismos no debilite aún más la posición de Israel en el mundo. [1] Pero eso no explicaría ni el momento ni la inclusión de organizaciones cuya misión, estrictamente hablando, no es el trabajo de los derechos humanos. Las otras cinco organizaciones son Defense for Children International-Palestine, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Bisan Center for Research and Development, la Union of Agricultural Work Committees y la Union of Palestinian Women’s Committees. Para Israel, o al menos para su ministro de Defensa, lo que ha impulsado esa designación es la combinación de necesidad y oportunidad moldeada por la visión derechista del mundo de Gantz, por su interpretación de los intereses nacionales israelíes y por su percepción de las amenazas que la sociedad palestina representa para Israel.

A pesar de los esfuerzos internacionales por dar cabida a dos nacionalismos en Israel-Palestina, el mero desequilibrio del apoyo externo a las dos partes ha permitido a Israel, como cuestión de prioridad estratégica, erradicar progresivamente incluso la posibilidad de que el nacionalismo palestino se exprese de manera organizada. Para impedir la emergencia de un Estado palestino independiente viable, Israel debe dirigir todas sus energías a fragmentar y desempoderar a la población palestina y silenciar las voces palestinas de los Territorios Ocupados. Los palestinos, por supuesto, se resisten a este plan. Su última línea de defensa es su presencia física en la tierra y su determinación de quedarse pase lo que pase, una noción a la que se refieren como sumud, una tenaz firmeza frente a circunstancias muy adversas. “Yo soy Samed”, escribe Raja Shehadeh, cofundador de Al Haq, en uno de sus primeros libros.

El nacionalismo palestino se ha configurado parcialmente en la historia moderna por su interacción con el sionismo y el Estado de Israel. Sus diferentes manifestaciones reflejan la desmembración de la sociedad palestina desde la desposesión de la Nakba en 1948. En esa época surgió el movimiento nacional palestino y su liderazgo que se estableció en el exilio afirmando representar y combatir en nombre de todos los palestinos. Después de 1967 las realidades de los Territorios Ocupados exigieron un enfoque diferente y algo más práctico y fundamentado para los palestinos de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental. Tuvieron que enfrentarse a las realidades del autogobierno local. En respuesta, los palestinos crearon una sofisticada y compleja red de organizaciones de la sociedad civil profundamente arraigadas en todos los aspectos de sus vidas cuyo efecto fue fusionarse como una administración casi estatal, al menos en el ámbito del bienestar social. Estas instituciones han prestado los servicios que la potencia ocupante se ha negado a prestar para, de hecho, “administrar mejor” que el gobernante militar de los territorios, tomando prestada una noción gramsciana.

La alianza entre estas instituciones de la sociedad civil y las facciones del movimiento nacional palestino ha estado marcada tanto por la contestación como por la cooperación. La AP, de manera típicamente autocrática, ha intentado controlar la sociedad dejando a las organizaciones un escaso margen de autonomía. Las organizaciones locales, con algunas excepciones, se adhirieron al discurso nacionalista pero sabían que una asociación demasiado estrecha con las facciones políticas comprometidas con la resistencia armada las expondría a la represión israelí, comprometiendo con ello su contribución a la construcción de una sociedad más fuerte.

La solución de Al Haq consistió en insistir en una identidad, una misión y un modus operandi no partidistas, instruyó a su personal para que se adhiriera a cualquier punto de vista político que quisiera pero dejando su posiciones políticas en la puerta de la oficina. Según mi experiencia, el personal de Al Haq abrazaba puntos de vista que abarcaban todo el espectro de la política palestina pero respetaban el mandato y lo mantuvieron firmemente como clave para la credibilidad y la eficacia de la organización. Acusar a Al Haq de ser un brazo del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), como sostiene espuriamente Gantz, es tan absurdo como afirmar que está afiliado a Hamás o a cualquier otra facción política palestina.

Al Haq no es la única en este enfoque no partidista; es la norma entre muchas ONG palestinas. Hay algunos grupos e instituciones que se identifican más con una u otra línea política pero en este sentido la sociedad civil palestina no es diferente del resto. La diferencia radica en el contexto. La sociedad civil palestina opera bajo una ocupación militar israelí promovida para impedir cualquier desafío organizado a su propio proyecto nacionalista. Los imperativos de Israel alimentaron la confusión sionista en la retórica y en la política de la resistencia armada con la oposición no violenta. Es significativo que dicha oposición incluya cualquier crítica no partidista a la ocupación militar israelí, especialmente cuando –como han hecho Al Haq y Addameer– estas organizaciones recurren a la Corte Penal Internacional de La Haya presentando informes amicus. El éxito de la labor de estas organizaciones hace que la designación de terroristas que hace Israel se vea bajo una nueva luz.

Tras los Acuerdos de Oslo la AP se convirtió en la autoridad internacionalmente reconocida en los territorios, la supuesta predecesora de lo que sería el primer gobierno de un eventual Estado independiente. Sería exagerado caracterizar a la AP, algunos lo hacen, como poco más que el brazo securitario de Israel en Cisjordania, aunque ha fracasado en su propósito secundario de ser un bloque de construcción nacional. En cuanto a su objetivo principal –gobernar el territorio y prestar servicios–, la ineptitud, la corrupción, la represión, el creciente desapego de la población y la resistencia a celebrar elecciones han convertido a la AP en una institución muy despreciada.

Israel ha considerado durante mucho tiempo a la AP como un instrumento para controlar a la población palestina. En la medida en que ya no sirve para ese propósito, las organizaciones no gubernamentales y los comités de asistencia popular pueden llenar el vacío y adquirir una renovada importancia. Facciones políticas rivales como el FPLP, pueden también hallar que sus voces de oposición tienen más peso a medida que la AP pierde su posición en la sociedad palestina. Inadvertidamente, Israel ha dado al FPLP –antes una reliquia política– más relevancia de la que ha tenido en décadas. El grupo sigue teniendo un atractivo popular en parte porque no es la AP, que obtiene su núcleo de apoyo de Fatah, y sigue teniendo capacidad de movilizar a sus seguidores.

Aprovechar la oportunidad de la complacencia internacional

Los aliados occidentales de Israel acogieron con satisfacción la destitución del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en las elecciones de marzo de 2021. El nuevo gobierno, a pesar de incluir por primera vez un partido árabe israelí, está probablemente tan a la derecha como el de Netanyahu y parece igual de decidido a afianzar la ocupación. Sin embargo, su ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, podría parecer, al menos a quienes no conocen este contexto, una figura más moderada y, por tanto, aceptable.

El temor a que la frágil coalición de gobierno israelí se deshaga por sus múltiples diferencias internas y vuelva a la crudeza de los años de Netanyahu está silenciando las críticas internacionales a la represión israelí tras la revuelta popular palestina que se extendió por Israel y los Territorios Ocupados de abril a junio de este año. La expansión de los asentamientos sigue avanzando; los derechos de los prisioneros se revierten tras la fuga de la cárcel; la reconstrucción se retrasa en Gaza, devastada –una vez más– por un implacable ataque aéreo de 11 días en mayo de 2021. La respuesta internacional se limita a señalar con el dedo y poco más: es la oportunidad perfecta, desde la perspectiva del gobierno israelí, para reprimir a los críticos de la ocupación y de la AP, incluida a una institución tan respetada como Al Haq [2].

El desprestigio injustificado por estar asociada con el FPLP se basa en supuestas pruebas secretas y en la pereza: Israel lleva décadas reciclando y lanzando la misma acusación contra las organizaciones de la sociedad civil palestina. La complacencia internacional hace posible que esta artimaña se repita una y otra vez. “Estas acusaciones nunca se han substanciado en el pasado”, declaran con la boca llena los donantes europeos de la organización [3]. Cierto. ¿Pero entonces, qué? ¿Quién está dispuesto a enfrentarse a Israel?

El nuevo gobierno de Israel ha declarado que a falta de un proceso de paz viable quiere “reducir” el conflicto, es decir, dorar la jaula en la que encierra a los palestinos permitiendo cierto desarrollo económico a cambio de calma. Es una nueva reiteración del proyecto de Israel para acabar con el nacionalismo palestino. Y a pesar del apoyo que profesan las naciones occidentales a una solución de dos estados, todas ellas han aceptado la realidad de que los deliberados intentos de Israel por impedirla la han convertido en algo completamente irrelevante.

Incluso si la presión de la Casa Blanca –que no es un hecho– obligara a Gantz a cambiar de rumbo, el daño ya está hecho. La designación de terrorismo ha arrojado una sombra duradera sobre la sociedad palestina y la noción de construcción de instituciones hacia un futuro mejor, enviando una advertencia a todas las organizaciones similares de que podrían ser el próximo objetivo. Si el pasado sirve de guía, los gobiernos donantes suspenderán la financiación y pondrán en marcha costosas e inútiles investigaciones que no aportarán nada. Teniendo en cuenta estos antecedentes, puede que haya llegado el momento de dar una respuesta más contundente pero no hay muchos motivos para el optimismo.

Sin embargo, aunque Israel sigue avanzando en su intento de impedir que emerja un Estado palestino viable está empujando a la población a un enfoque alternativo basado en sus derechos en todo el territorio de Israel-Palestina. Las ideas de las organizaciones palestinas de derechos humanos y de ayuda popular son especialmente adecuadas para este escenario.

Y después de todo, los palestinos siguen con su sumud.

Notas:

1.- Miembros del antiguo personal de Al Haq que viven fuera de Palestina emitieron una declaración firmada en protesta por la designación.

2.- El gobierno de Netanyahu investigó las mismas acusaciones en 2020 y no tomó medidas. “Borrell: No Proof of EU-Funded NGOs Working with Palestinian Terror Groups”, Jerusalem Post, 2 de julio de 2020.

3.- Portavoz de la Unión Europea, “Israel/Palestina: Declaración del portavoz sobre la inclusión de seis organizaciones palestinas en la lista de organizaciones terroristas”, 28 de octubre de 2021.

Joost Hiltermann trabajó para Al Haq en la década de1980. Dirige el Programa de Middle East and North Africa en The International Crisis Group.

Fuente: https://merip.org/2021/11/israels-latest-effort-to-fragment-and-disempower-the-palestinians/

Diputados británicos exigen el fin del programa gubernamental para el Golfo por el escándalo del programa espía Pegasus

Foto: esta ilustración fotográfica de estudio muestra un smartphone con el portal web del grupo israelí NSO que incluye el programa espía «Pegasus», expuesto en París el 21 de julio de 2021 [JOEL SAGET/AFP vía Getty Images].

15 de noviembre de 2021

Diputados británicos han pedido al primer ministro Boris Johnson que elimine un programa multimillonario financiado por los contribuyentes para los países del Golfo, tras su implicación en el escándalo del programa espía israelí Pegasus a principios de este año.

El programa espía Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, se hizo tristemente célebre en julio, cuando el Citizen Lab de la Universidad de Toronto sacó a la luz el uso indebido de este programa por parte de numerosos gobiernos mediante el pirateo de unos 50.000 teléfonos y dispositivos pertenecientes a periodistas, activistas de derechos humanos y críticos políticos de todo el mundo.

Entre esos gobiernos clientes se encontraban los Estados árabes del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí y Bahréin.

Los diputados británicos -encabezados por la portavoz de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional del Partido Liberal Demócrata, Layla Moran- han pedido ahora al Reino Unido que elimine el Fondo Estratégico del Golfo, un programa gestionado por el gobierno británico que apoya a los seis Estados árabes del Golfo y que forma parte de la política exterior del país hacia ellos.

En una carta escrita y firmada por los parlamentarios, éstos dijeron al primer ministro Johnson que los hackeos apoyados y ordenados por los estados del Golfo «parecen mostrar un flagrante desprecio por parte de estos estados del CCG [Consejo de Cooperación del Golfo] tanto por el derecho británico como por el internacional».

También cuestionaron la contribución del programa a la seguridad nacional del Reino Unido, afirmando que «el suministro continuado de equipos y servicios de vigilancia, así como de formación y equipos militares y técnicos avanzados a Arabia Saudí, los EAU y Bahréin, puede suponer de hecho una grave amenaza para nuestra seguridad nacional».

Después de que se informara sobre el programa confidencial a principios de este año, cuando se reveló que el Reino Unido proporcionó al ejército saudí 2,4 millones de libras esterlinas, el diputado conservador James Cleverly insistió en que el Fondo de Estrategia del Golfo ayuda a Riad a «proteger su seguridad nacional» y, en general, tiene un «impacto positivo significativo en los derechos humanos en la región».

A través del programa, el Reino Unido ya ha proporcionado hasta 53,4 millones de libras a los seis Estados del Golfo con los que está aliado. Aparte de cuestiones como el pobre historial de derechos humanos de esos Estados y la guerra en curso en Yemen, que ya han sido objeto de críticas, el escándalo en torno al programa de espionaje Pegasus resulta ser otro obstáculo para la legitimidad del programa entre algunos diputados.

Los parlamentarios dijeron a Johnson que el «gobierno no ha condenado públicamente las acciones de NSO Group ni de los gobiernos saudí, emiratí y bahreiní, ni ha tomado medidas sustanciales para proteger a los ciudadanos y residentes del Reino Unido».

También exigieron que el Reino Unido incluya en su lista negra e imponga restricciones y sanciones al NSO Group, algo que ya hizo Estados Unidos la semana pasada. Al igual que Washington, Londres debe «garantizar una supervisión mucho más estricta de la concesión de licencias de los programas informáticos pertinentes en cumplimiento de la legislación internacional sobre derechos humanos», subrayaron los diputados.

En contra de los llamamientos para oponerse a la empresa israelí de software espía, a principios de 2020 se informó de que el gobierno británico le estaba ayudando a vender sus productos y software.

Fuente: Monitor Medio Oriente en Español 

‘Israel quiere silenciar a las ONG palestinas porque hablamos de sus crímenes de guerra’

Sahar Francis, directora de la ONG palestina Addameer

15 de noviembre de 2021

Por Juan Carlos Sanz

Sahar Francis, directora de Addameer, organización palestina de defensa legal, alega que han sido ilegalizados por aportar pruebas a La Haya

De maneras delicadas, pero con un discurso contundente, la abogada Sahar Francis se ha convertido en la voz de las ONG humanitarias palestinas que acaban de ser proscritas por Israel. “Nos quieren silenciar porque hablamos mucho de las torturas a los detenidos y los crímenes de guerra de Israel”, explica por teléfono y en un intercambio de mensajes desde la sede en Ramala (Cisjordania) de Addameer, organización que ofrece defensa legal gratuita a los prisioneros palestinos desde hace más de tres décadas.

El Gobierno israelí, a través del Ministerio de Defensa, primero, y el propio Ejército, que ejerce el control efectivo sobre los territorios ocupados, después, designaron hace tres semanas como terroristas a seis de las principales ONG palestinas. “Todo tiene que ver con nuestro trabajo de dar pruebas al Tribunal Penal Internacional, cuya Fiscalía ha abierto una investigación por crímenes de guerra en Palestina. Tras la sentencia [contra el muro de Cisjordania, en 2004] del Tribunal de La Haya, los ataques que sufrimos son sistemáticos”, asegura la letrada palestina con nacionalidad israelí, que a su regreso de un viaje a España se encontró con su ONG ilegalizada. Desde entonces su presencia como portavoz internacional de los grupos humanitarios proscritos ha proyectado su figura.

Nacida hace 52 años en la aldea cristiana de Fasuta, cerca de la frontera libanesa, Francis se formó como jurista en la Universidad de Haifa (norte de Israel). Más tarde topó frontalmente con la ocupación de los territorios palestinos en Belén, donde trabajó para una ONG patrocinada por el Patriarcado Latino de Jerusalén, máxima representación católica en Tierra Santa.

En 1998 se incorporó como abogada especializada en derechos humanos a Addameer, organización que dirige desde 2012. A partir de la Guerra de los Seis Días, en 1967, más de 800.000 palestinos han sido detenidos por Israel, en cuyas cárceles se hallan ahora internados más de 4.600 prisioneros relacionados con la ocupación, entre ellos la cooperante española Juana Ruiz.

“Ejercemos la defensa de los presos ante los tribunales israelíes, sobre todo ante la jurisdicción militar, y hacemos llegar nuestros informes a escala internacional”, detalla, “pero también nos ocupamos de casos de prisioneros políticos en manos de la Autoridad Palestina”.

Se ha tenido que enfrentar a la persecución legal israelí desde que comenzó a ejercer su trabajo como abogada. En 2002, en plena Segunda Intifada, fue procesada bajo la acusación de ayudar a un preso a ocultar información y afrontó una pena de hasta seis años de cárcel. Tuvo prohibidas las visitas a los detenidos en un macrojuicio hasta que su caso fue sobreseído. “Soy consciente de que pueden detenerme en cualquier momento. Ya lo están haciendo con otros colegas de las ONG bajo el sistema de arresto administrativo, que permite la detención casi indefinida sin necesidad de presentar cargos”, reconoce.

En 2012, ya como directora de Addameer, fue defensora del recluso Jader Adnan, quien protagonizó durante 66 días una de las huelgas de hambre más largas de presos palestinos. Adnan fue finalmente liberado tras permanecer en detención administrativa sin recibir una acusación formal.

Recibida por el papa Francisco en el Vaticano en 2016, Francis ha intervenido también ante el Parlamento Europeo para denunciar la práctica del arresto administrativo. Las fuerzas de seguridad y el Ejército se amparan en una legislación de emergencia dictada por la Administración británica sobre Palestina (1920-1948) para mantener entre rejas a los detenidos al margen de la legislación de Israel.

“La campaña contra las organizaciones de la sociedad civil palestina no es algo nuevo. La ocupación israelí siempre intenta debilitar la resistencia de la gente, y por ello restringe el trabajo de quienes ejercemos la defensa frente a las violaciones de sus derechos”, puntualiza la directora de la organización de asistencia legal.

Desde los Acuerdos de Oslo, en 1993, más de 50 ONG palestinas han sido clausuradas solo en Jerusalén, como fue el caso de la oficina central de Addameer antes de que se trasladara a Ramala. “La ilegalización que se ha dictado ahora puede conllevar la clausura directa de las organizaciones y miles de personas pueden quedarse sin recibir apoyo”, advierte.

La trabajadora humanitaria española Juana Ruiz, el pasado lunes en el tribunal militar de Ofer, en Cisjordania.LAURA FERNÁNDEZ PALOMO (EFE)

Además de Adameer, entre las ONG declaradas terroristas por Israel se halla Al Haq (que actúa como consultora de la ONU), Defensa de los Niños Internacional-Palestina, el centro de estudios sobre la democracia Bissan, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y Comités de Trabajo de Agricultura. Previamente, fue también proscrita la organización sanitaria Comités de Trabajo para la Salud, en la que estaba empleada Juana Ruiz. “El Gobierno de Israel ha manipulado su caso”, replica Francis ante la acusación lanzada por dos ministros contra las ONG al amparo del acuerdo judicial que aceptó la defensa de la cooperante española.

“Juana Ruiz se vio forzada a declararse culpable para poder ser excarcelada en un breve plazo”, concluye Francis mientras cita el caso del ingeniero palestino Mohamed Halabi, acusado de desviar fondos de una ONG internacional en Gaza. “Todo el mundo sabe que lleva cinco años entre rejas esperando juicio”.

Fuente: El País de España

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