Israel usa a Juana Ruiz para relanzar su campaña contra la sociedad civil palestina

Foto: la trabajadora española Juana Ruiz Sánchez llega esposada de pies y manos a la corte de la prisión militar israelí de Ofer, en la Cisjordania ocupada. — Laura Fernández Palomo / EFE

11 de noviembre de 2021

Por Eugenio García Gascón

El episodio de la cooperante española, condenada el miércoles a 13 meses de prisión, es otro capítulo de la lucha sin cuartel que el estado judío conduce contra la sociedad civil palestina. Las autoridades militares, que en octubre cerraron de un plumazo seis ONG palestinas, la vinculan con la financiación de una «organización terrorista» al tiempo que eluden mencionar la brutal ocupación de Cisjordania.

Inmediatamente después de que el miércoles un tribunal militar anticipara la condena de Juana Ruiz, Israel relanzó una campaña internacional de propaganda que vincula a la trabajadora española de derechos humanos que reside en el área de Belén, al sur de Jerusalén, con las seis ONG independientes de la sociedad civil palestina que en octubre fueron declaradas «terroristas» por el ministro de Defensa Benny Gantz.

La fiscal militar acordó con la defensa de la trabajadora española una condena de 13 meses de prisión y una multa de 50.000 shekels (16.000 euros), acuerdo que con toda seguridad será validado por el tribunal castrense el próximo 17 de noviembre, sin que se esperen modificaciones sustanciales.

En estos casos es frecuente que la fiscalía y la defensa lleguen a un pacto conveniente para las dos partes. Por un lado, la fiscalía «demuestra» que Juana Ruiz, al aceptar dos de los cinco cargos, está vinculada con el «terrorismo», mientras que por otro lado la cooperante se asegura que tendrá una condena reducida que le permitirá quedar pronto en libertad y que no habrá sorpresas desagradables en el juicio.

Los medios locales destacan que el acuerdo se produce pocos días después de que Israel haya puesto en marcha una campaña internacional para justificar la clausura de seis reputadas ONG que trabajan por los derechos de los palestinos. El ministerio de Defensa israelí relaciona a esas ONG con el partido progresista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), como ocurre en el caso específico de Juana Ruiz.

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han criticado el cierre de las ONG pero Israel no parece dispuesta a dar marcha atrás. Hace solo unos días prohibió la celebración de actividades culturales palestinas en el sector ocupado de Jerusalén, y el cierre de las seis ONG se interpreta ampliamente como otro zarpazo para erradicar cualquier tipo de actividad civil en los territorios ocupados.

En EEUU y en varios países de la UE se señala que Israel está haciendo un uso impropio de las herramientas legales para combatir a la sociedad civil palestina y que el cierre de las ONG está motivado por planteamientos políticos, pero nada puede esperarse de estas denuncias dada la estrecha relación del estado judío con EEUU y con la completa inoperancia de la UE.

Aprovechando la condena del miércoles contra la empleada de una ONG del área de la sanidad, las autoridades israelíes subrayaron que su caso explica perfectamente los vínculos entre las ONG de derechos humanos recientemente clausuradas y la financiación del «terrorismo».

No está claro por qué la fiscalía se ha contentado con una sentencia de solo 13 meses de prisión si tiene pruebas de que Juana Ruiz ha estado financiando a una «organización terrorista» como el FPLP. No parece lógico que si dispone de pruebas concluyentes, como afirma tener, la fiscalía se conforme con una condena que permitirá a la cooperante quedar en libertad muy pronto.

El mismo miércoles por la tarde, el ministro de Exteriores Yair Lapid relanzó la campaña contra las ONG diciendo: «Toda la comunidad internacional tiene que trabajar junta con Israel para evitar que las organizaciones terroristas operen en un marco civil, y para evitar que los fondos lleguen a las organizaciones terroristas».

«La admisión de culpabilidad (por parte de Juana Ruiz) es otra prueba de que una organización terrorista cínica y asesina ha levantado una red de mentiras y fraude que opera bajo el disfraz de organizaciones humanitarias y como conducto para la llegada de fondos terroristas, engañando deliberadamente a los donantes, las organizaciones y los países», agregó Lapid.

Por su parte, el titular de Defensa Gantz dijo: «La condena (a Juana Ruiz) demuestra que el FPLP opera una red de organizaciones ‘humanitarias’ con el fin de recaudar fondos que se destinan a actividades terroristas». «El uso cínico de organizaciones de derechos humanos como amparo es un pecado doble», añadió Gantz. «Alimenta el terrorismo y daña a organizaciones que hacen un trabajo real e importante para la sociedad civil».

La raíz del problema continúa siendo la brutal ocupación de los territorios palestinos, un asunto al que nunca se refieren los dirigentes hebreos, y que ignoran deliberadamente EEUU y Europa. Mientras tanto, Israel desmantela cualquier iniciativa de su sociedad civil y expande la colonización judía en Cisjordania.

La ONG israelí B’Tselem criticó las declaraciones de los ministros Lapid y Gantz. «El vínculo (que ellos establecen) les sirve para justificar su desgraciada decisión de cerrar a organizaciones de derechos humanos y de silenciar las críticas a las políticas israelíes. Ahora, con gran cinismo, elogian los derechos humanos mientras luchan contra ellos cada hora de cada día».

La cuestión central, con la que está relacionada el juicio contra Juana Ruiz, es ahora si Israel cederá y reabrirá las seis ONG que acaba de cerrar, algo que no parece que vaya a ocurrir, y que tendrán que aceptar tanto EEUU como Europa como un nuevo peaje por su inactividad.

Fuente: www.publico.es

 

Israel: un abogado pide al Fiscal General que investigue la designación de las organizaciones de derechos como «terroristas»

Foto: Avichai Mandelblit, fiscal general de Israel el 21 de noviembre de 2019 en Jerusalén, Israel [Amir Levy/Getty Images].

12 de noviembre de 2021

Un abogado israelí ha pedido al fiscal general Avichai Mandelblit que abra una investigación penal sobre la designación por parte del ministro de Defensa, Benny Gantz, de seis oenegés palestinas como grupos «terroristas», según informa hoy el Jerusalem Post.

Eitan Mack instó a Mandelblit a «congelar la declaración» hasta que se complete la investigación. Según el periódico, el abogado representa a la ONG israelí de izquierdas Combatientes por la Paz.

En su carta al fiscal general, Mack se refirió al artículo 281 del código penal israelí, que permite imponer una pena de cuatro años de prisión a quien proporcione deliberadamente información falsa que conduzca a la privación de derechos. La acción de Gantz, señaló, ha afectado a la libertad de movimiento y de expresión de quienes trabajan en las organizaciones en cuestión, y también ha afectado a su libertad de ocupación y de asociación.

Mack también sugirió que Gantz había apuntado a estas seis oenegés simplemente porque han sido críticas con Israel y han proporcionado información contra el Estado de ocupación a la Corte Penal Internacional. También han trabajado con y para los presos palestinos retenidos por Israel, señaló.

La comunidad internacional y los grupos de derechos humanos han criticado la designación de las oenegés por parte de Gantz. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el lunes una reunión a puerta cerrada para estudiar el asunto, tras la cual Francia, Estonia, Noruega, Irlanda y Albania pidieron a Israel que aportara pruebas de las acusaciones de Gantz.

El martes, la Coordinadora Humanitaria de la ONU para los Territorios Palestinos, Lynn Hastings, declaró que la designación de las ONG «profundiza la preocupación de las Agencias de la ONU y de la Asociación Internacional de Agencias de Desarrollo (AIDA), que trabajan en el Territorio Palestino Ocupado (TPO)».

Fuente: Monitor Medio Oriente en Español 

Palestina llora al ex ministro del servicio penitenciario fallecido por coronavirus

Foto: Ex ministro de los presos palestinos Wasfi Qabha [Centro de Información Palestino].

Grupos palestinos y organizaciones de defensa de los derechos de los presos lamentaron ayer la muerte del ex ministro de los presos palestinos Wasfi Qabha, que falleció de COVID-19 a la edad de 62 años en la ciudad de Yenín.

Qabha nació en el pueblo de Barta’a, en Israel, pero fue expulsado del pueblo por las autoridades israelíes y se trasladó al campo de refugiados de Yenín.

Fue ministro de prisiones en el décimo gobierno palestino formado por Ismail Haniyeh.

Pasó unos 14 años en cárceles israelíes.

El líder de Hamás, el jeque Jaled Al-Hajj, describió a Qabha como un defensor de los derechos de los presos, mientras que Qadri Abu Bakr, jefe de la Autoridad de Asuntos de Presos y Ex-Presos, dijo que era un líder nacional que trabajaba sin descanso para apoyar a los presos palestinos.

Fuente: Monitor Medio Oriente en Español 

El ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados, Riyad Malki, analiza con su homólogo armenio el delicado arrendamiento de tierras en Jerusalén

Foto: el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados, Riyad Malki, se reúne en París con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyan

PARÍS, viernes 12 de noviembre de 2021 (WAFA) – El ministro de Relaciones Exteriores y Expatriados, Riyad Malki , discutió hoy en París, con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyan,  el delicado arrendamiento de tierras para iglesias.

Durante una reunión al margen de la 41a sesión de la Conferencia General de la UNESCO en París, el Ministro de Relaciones Exteriores al- Malki discutió con su homólogo armenio Mirzoyan el arrendamiento de la parcela de tierra “ Goveroun Bardez ”, ubicada en el histórico barrio armenio de Jerusalén Este y propiedad del Patriarcado armenio de Jerusalén, a las autoridades de ocupación israelíes, a saber, el municipio de Jerusalén y la Autoridad de Desarrollo de Jerusalén.

Al- Malki subrayó la gravedad de la transacción, que abriría la puerta a la invasión gradual del colonialismo israelí en el barrio de Aremian en Jerusalén.

Instó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia a intervenir para proteger las propiedades de la Iglesia Armenia en la Ciudad Vieja, detener cualquier acción que pueda afectar su estatus legal e histórico y salvaguardar los derechos del pueblo palestino y de los armenios en la Ciudad Vieja.

El máximo diplomático palestino destacó la necesidad de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia actúe rápidamente y ejerza presiones para cancelar esta “transacción sospechosa”, que corre el riesgo de acelerar la destrucción del carácter palestino, musulmán y cristiano de Jerusalén.

Elogió las estrechas relaciones históricas palestino-armenias y afirmó la aspiración de Palestina de abrir una embajada en Armenia mientras invitaba a su homólogo a visitar Jerusalén para explorar medios de cooperación.

El máximo diplomático de Armenia, Mirzoyan , afirmó las profundas relaciones bilaterales y la necesidad de desarrollarlas más.

Según Keghart , un sitio web de noticias dedicado a los asuntos armenios, el arzobispo Nourhan Manougian y el director del Departamento de Bienes Raíces del Patriarcado, el p. Baret Yeretsian firmó en marzo de 2020 un contrato de 10 años con la Municipalidad de Jerusalén que permite que el área » Goveroun Bardez » ubicada en el histórico Barrio Armenio, se use como estacionamiento para los judíos que visitan el Muro Occidental en la Ciudad Vieja. Este estacionamiento se inauguró oficialmente en mayo de 2021.

Luego, en julio de 2021, el patriarcado firmó un nuevo contrato con Dany Rubinstein, un empresario australiano, arrendando el “ Goveroun Bardez ”, que es toda la sección suroeste del Barrio Armenio, por 99 años. El plan de Rubinstein es construir un hotel en ese terreno y dar un pequeño porcentaje de las ganancias a la Iglesia dentro de los cinco años posteriores a la finalización del hotel.

Al- Malki se unió a un coro de funcionarios palestinos que condenaron la transacción, incluido el jefe del Comité Presidencial Superior Palestino para Asuntos de Iglesias, Ramzi Khoury , quien envió una carta al Patriarca Karekin II, el católico de todos los armenios , llamando a las transacciones de tierras en el idioma armenio. El barrio de la Ciudad Vieja de Jerusalén es una violación del derecho internacional, ya que el área dentro de la Ciudad Vieja es una «parte integral de los territorios palestinos ocupados» que se rigen por las resoluciones internacionales pertinentes.

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