El nuevo Gobierno de Israel se tambalea por una ley que discrimina a los palestinos

Foto: el primer ministro israelí, Naftali Bennett. 

06 de julio de 2021

Por Juan Carlos Sanz 

Netanyahu desestabiliza la coalición al forzar un vuelco en el Parlamento sobre la reunificación familiar de ciudadanos árabes. 

Apenas tres semanas después de haber tomado posesión con una precaria mayoría, el nuevo Gobierno de amplia coalición de Israel ha comenzado a tambalearse. El Ejecutivo no ha logrado renovar la vigencia de una controvertida ley temporal que veta la concesión de nacionalidad o la residencia a los palestinos casados con ciudadanos árabes israelíes. En una votación celebrada en la madrugada de este martes en la Kneset (Parlamento), las divisiones internas en la coalición gubernamental y el vuelco dado por la oposición, encabezada por el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, han forzado el levantamiento a partir del miércoles de la prohibición legal a la reunificación familiar en Israel y Jerusalén Este para las parejas procedentes de Gaza y Cisjordania.


La llamada Ley de Ciudadanía fue aprobada por razones de seguridad con carácter provisional en 2003, en medio del estallido de violencia de la Segunda Intifada, y desde entonces ha sido prorrogada cada año con el respaldo de Netanyahu y el bloque de la derecha. Es considerada una medida discriminatoria por la comunidad árabe de Israel, que agrupa a un 21% de la población, con el objetivo implícito de mantener la hegemonía demográfica judía.

La línea de fractura que atraviesa el nuevo Gobierno —sostenido por ocho partidos que van desde la derecha nacionalista hasta la izquierda pacifista, incluida una formación islamista— se ha agrandado peligrosamente cuando aún no ha cumplido un mes en el poder. La marcha de miles de extremistas judíos ante el barrio árabe de la Ciudad Vieja de Jerusalén, al poco de su nacimiento, y el desalojo de un asentamiento de colonos en Cisjordania, el pasado fin de semana, ya habían puesto a prueba la estabilidad de la heterogénea coalición forjada por el primer ministro, el derechista Naftali Bennett, y el ministro de Asuntos Exteriores, el centrista Yair Lapid, para apear a Netanyahu del poder tras 12 años de mandatos acumulados.

Para mantener la unidad interna, Bennett declaró que se sometía a un voto de confianza al hilo de la renovación de la Ley de Ciudadanía. Los diputados de Meretz (pacifista) cerraron filas de inmediato para no hacer caer al Gobierno. También los cuatro parlamentarios del partido árabe de Raam se dividieron entre dos votos favorables y dos abstenciones. La ministra de Interior, Ayelet Shaked, se había comprometido a revisar la legislación en el plazo de seis meses y a adoptar “medidas humanitarias” para favorecer la reunificación de las familias palestinas.

Pero la inesperada defección de otro diputado de la coalición condujo a un empate a 59 votos en una Kneset de 120 escaños que, si bien no forzó la pérdida de confianza de Bennett, impidió la mayoría simple necesaria para la prórroga de la ley. Pasadas las cinco de la madrugada y tras más de 12 horas de sesión, el Gobierno quedaba tocado, pero no hundido, mientras Netanyahu y la Lista Conjunta (coalición electoral árabe nacionalista) aplaudían el resultado en una insólita celebración conjunta.

“Con el debido respeto a esta ley, es más importante derribar al Gobierno [que mantener el veto por razones de seguridad]. Ahora han quedado expuestas las grietas que recorren este Gobierno”, había advertido Netanyahu en el pleno de la Cámara. Bennett le replicó desde la tribuna que había atravesado “una línea roja de la seguridad nacional por mezquinos intereses políticos”.

En principio, la Kneset puede volver a someter a votación la renovación de la ley, pero otras normas aprobadas hace más de 50 años van a permitir a partir de ahora que árabes israelíes o palestinos de Jerusalén Este puedan solicitar la reagrupación familiar, con derecho de residencia y beneficios sociales. El Ministerio de Interior revisará caso por caso cada petición, sujetas a trabas burocráticas, pero sus decisiones serán examinadas por los tribunales si se producen reclamaciones. “A causa de la actitud de la oposición, se van a presentar unas 15.000 solicitudes de concesión de la ciudadanía [por parte de palestinos]”, advirtió Shaked, titular del Departamento.

“Esta ley era una herramienta dirigida a garantizar la presencia de una mayoría de judíos”, reconoció el ministro Lapid, arquitecto y líder político de la coalición, a través de Twitter. “Israel es el Estado nación del pueblo judío”, proclamó. La llamada Ley del Retorno concede la nacionalidad israelí de forma automática a cualquier persona de religión judía.

Motivos étnicos y de origen nacional
La ONG Adalah, que defiende los intereses de la minoría árabe israelí, aseguró en un comunicado que “la Ley de Ciudadanía ha sido una de las más racistas y discriminatorias, ya que denegaba la nacionalidad y la residencia por motivos étnicos y de origen nacional, y etiquetaba a los solicitantes como enemigos”. Adalah instó en 2012 su anulación por el Tribunal Supremo, pero los magistrados la ratificaron en una disputada sentencia por seis votos a favor y cinco en contra. La norma que ahora queda sin vigencia solo tenía excepciones para los hombres mayores de 35 años y las mujeres de más de 25 —por encima de la edad habitual de matrimonio entre los palestinos— y se aplicaba también a las parejas procedentes de países como Líbano, Siria o Irán.

La directora de la ONG israelí de defensa de los derechos humanos Hamoked, Jessica Montell, considera que en la actualidad hay 12.700 familias palestinas que viven en un limbo legal, con “permisos militares o temporales de residencia”, según declaraciones recogidas por el Centro de Prensa de Jerusalén. “Pero las parejas más jóvenes”, sostiene, “tienen prohibido vivir juntas”.

Fuente: El País 

Apartheid, la línea verde y la necesidad de superar la fragmentación palestina

Foto: mujeres palestinas, el pasado 16 de abril, ante un puesto de control de Israel en Cisjordania. NASSER NASSER / AP

07 de julio de 2021

Por  Rania Muhareb

El reciente informe de Human Rights Watch , Un umbral cruzado: las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución , se suma a un creciente cuerpo de literatura que considera la relevancia del apartheid para la difícil situación del pueblo palestino. El análisis del apartheid , basado en el trabajo inicial y fundamental de los eruditos antisionistas palestinos y judíos , permite considerar las causas fundamentales de las injusticias perpetradas contra el pueblo palestino en su conjunto.

En su informe, Human Rights Watch hizo varias contribuciones significativas al discurso sobre el apartheid. Primero, estableció una ‘intención de las autoridades israelíes de mantener el dominio sistemático de los judíos israelíes sobre los palestinos’, que incluye a los palestinos en ambos lados de la Línea Verde (p. 78), así como en el exilio, cuyo derecho al retorno ha sido denegado desde 1948. (págs. 48 y 203). En segundo lugar, reconoció la construcción de Israel de un estatus superior de ‘nacionalidad judía’ que es distinto de la ciudadanía y ‘relega a los palestinos al nacer a un estatus inferior por ley’ (p.149). En este sentido, el informe también llamó la atención sobre el papel de las instituciones paraestatales sionistas, como el Fondo Nacional Judío (JNF), en el control de tierras para asentamientos judíos exclusivos, a ambos lados de la Línea Verde (p. 54). Finalmente,

Curiosamente, sin embargo, en relación con la política de ‘fragmentación estratégica’ (véase el Informe de la CESPAO 2017 , páginas 37 a 38), Human Rights Watch solo analiza la ‘política de separación’ dentro del territorio palestino ocupado, sin mencionar la división artificial de Los palestinos a lo largo de la Línea Verde y la negación del derecho al retorno de los refugiados y exiliados palestinos. Estas omisiones son reveladoras porque Human Rights Watch vuelve a esta distinción trazada entre la difícil situación de los palestinos en el territorio palestino ocupado y la de los palestinos en otros lugares en su análisis legal sobre la aplicación del crimen de apartheid.

A pesar de encontrar una intención israelí de dominar a todos los palestinos, que constituye el primer elemento del crimen de apartheid, Human Rights Watch concluye que el segundo y tercer elementos, los de ‘opresión sistemática’ y ‘actos (e) inhumanos’, son solo cometidos en el territorio palestino ocupado. En lugar de una ‘opresión sistemática’, Human Rights Watch encuentra que los palestinos dentro de la Línea Verde enfrentan una ‘discriminación institucional’, que según afirma es ‘menos severa que la opresión y persecución’ en el territorio palestino ocupado (p.146). Y en lugar de ‘actos (e) inhumanos’ en el sentido del artículo II de la Convención del Apartheid de 1973 y el artículo 7 (2) (h) del Estatuto de Roma, el informe concluye que el trato de ciudadanos palestinos y refugiados en el extranjero equivale a otros abusos de los derechos fundamentales ”(págs. 170-171), a pesar de que algunas de las mismas políticas israelíes se aplican a ambos lados de la Línea Verde.

Por ejemplo, no está claro por qué Human Rights Watch consideró ‘la confiscación de cientos de miles de dunams de tierra en Cisjordania a los palestinos’ como un ‘acto (e) inhumano’, mientras que enumeró ‘negarse a permitir que los palestinos accedan a la millones de dunams de tierra que les fueron confiscados ‘dentro de la Línea Verde como’ otros abusos ‘. De manera similar, no es evidente cómo ‘la congelación efectiva de la reunificación familiar’ como un ‘acto (e) inhumano’ en el territorio palestino ocupado es diferente de ‘restringir la residencia legal en formas que impiden que muchos cónyuges y familias palestinos vivan juntos en Israel ‘, que figura bajo’ otros abusos ‘dentro de la Línea Verde.

Los ejemplos anteriores muestran cómo la Línea Verde ha llegado a representar una división arbitraria que no tiene en cuenta las experiencias vividas por los palestinos sometidos a la opresión israelí, que trasciende esta frontera geográfica artificial. Es fundamental que prácticamente todas las políticas opresivas de Israel llevadas a cabo en el territorio palestino ocupado en la actualidad, en particular en lo que respecta a la confiscación y el despojo de tierras, se probaron contra ciudadanos palestinos dentro de la Línea Verde durante el período de gobierno militar israelí desde 1948 hasta 1966. De manera similar, la discriminación de Israel Las leyes promulgadas inmediatamente después de la Nakba («catástrofe» de 1948) se han extendido al territorio palestino ocupado desde 1967 a través de órdenes militares israelíes.

Sin embargo, la opresión de los palestinos dentro de la Línea Verde no es meramente histórica. Sigue siendo muy actual: la realidad de hoy es una en la que el 93 por ciento de la tierra dentro de la Línea Verde está en manos del estado y el JNF a perpetuidad para ‘el pueblo judío’. Los palestinos con ciudadanía israelí poseen solo el tres por ciento de la tierra dentro de la Línea Verde, decenas de aldeas palestinas permanecen ‘no reconocidas’ en el Naqab y no se ha construido ninguna nueva ciudad palestina desde el establecimiento del estado ( Halabi 2010, p. 33). Como reconoció Human Rights Watch, ‘las autoridades israelíes confiscaron varios millones de dunams de tierra a los palestinos’ dentro de la Línea Verde entre 1948 y 1966 (p. 195), una realidad que sigue en curso mientras millones de refugiados palestinos y desplazados internos sigan viviendo. negado su derecho a regresar a sus hogares y pueblos de origen.

La Convención del Apartheid de 1973 considera, como ‘actos inhumanos’ del apartheid, la negación a ‘miembros de un grupo racial … derechos humanos y libertades básicos’, incluido ‘el derecho a salir y regresar a su país’ así como de la propiedad de la tierra perteneciente a un grupo racial ”(Artículos II (c) y II (d)). Estos actos inhumanos son claramente aplicables, en virtud de las leyes y políticas israelíes, al pueblo palestino en su conjunto, a ambos lados de la Línea Verde y en el exilio. Al mismo tiempo, otros actos inhumanos también son pertinentes para la difícil situación de los ciudadanos palestinos. Por ejemplo, en los últimos dos meses se han llevado a cabo detenciones masivas a ambos lados de la Línea Verde para silenciarPalestinos durante el último levantamiento. Más de 2.000 ciudadanos palestinos han sido detenidos , incluso mediante el uso renovado de la detención administrativa indefinida dentro de la Línea Verde. Con la intención de evitar que los palestinos desafíen al régimen israelí, estas medidas represivas pueden constituir además un «arresto arbitrario y encarcelamiento ilegal» en el sentido del artículo II (a) (iii) de la Convención del Apartheid.

Además, la representación política de los ciudadanos palestinos dentro del sistema legislativo israelí se basa en la Ley Básica: La Knesset 5718-1958 sobre la aceptación de «Israel como un estado judío y democrático» (artículo 7a. (A) (1)). Esto, como reconoce Human Rights Watch, «bloquea formalmente a los palestinos para que no cuestionen las leyes que codifican su subyugación» (p. 150). Citando las prohibiciones de larga data de Israel sobre la organización y participación políticas palestinas efectivas , John Quigley ya argumentó en 1991 que Israel viola la prohibición de ‘Cualquier medida legislativa y otras medidas calculadas para evitar que un grupo racial … participe en la vida política … del país’ bajo El artículo II (c) de la Convención del Apartheid ( Quigley 1991, págs.239-243). En general, existe amplia evidencia de que las políticas y prácticas israelíes en curso dentro de la Línea Verde equivalen a actos inhumanos constitutivos del crimen de apartheid, particularmente cuando se consideran en el contexto de la negación de los derechos individuales y colectivos al pueblo palestino en su conjunto, en particular su derecho al retorno y la autodeterminación.

La fragmentación, incluso a lo largo de la arbitraria Línea Verde, ha impedido a los palestinos desafiar colectivamente al régimen israelí y buscar la rendición de cuentas por su subyugación en curso. En diciembre de 2019 , el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) encontró que las políticas y prácticas israelíes a ambos lados de la Línea Verde son incompatibles con el artículo 3 de la ICERD , que consagra la prohibición de la ‘segregación racial y el apartheid’. Esto siguió a una presentación detallada al CERD por parte de organizaciones palestinas y regionales de derechos humanos, quienes concluyeron que Israel impone el crimen del apartheid sobre el pueblo palestino en su conjunto.

En la actualidad, el creciente reconocimiento del apartheid israelí requiere serios esfuerzos para superar la fragmentación del pueblo palestino tanto en el discurso como en la práctica. Las organizaciones de la sociedad civil están haciendo campaña para la reconstitución de los mecanismos anti-apartheid de la ONU como vías para desafiar al apartheid israelí sobre todos los palestinos. Namibia y Sudáfrica ya han respaldado este llamamiento . Finalmente, el recientemente establecidoLa comisión internacional de investigación en curso sobre las ‘causas fundamentales’ de la discriminación sistemática en la Palestina histórica ofrece un camino sin precedentes dentro de la ONU para comenzar a superar la fragmentación del pueblo palestino. Como tal, requerirá un compromiso importante de la sociedad civil, académicos y profesionales.

Fuente: https://www.ejiltalk.org/apartheid-the-green-line-and-the-need-to-overcome-palestinian-fragmentation/

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