Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, sobre la investigación de la situación en Palestina

Declaración a 3 de marzo de 2021

Hoy, confirmo la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía (la «Oficina») de la Corte Penal Internacional (la CPI o la «Corte») sobre la situación en Palestina. Esta investigación abarcará los crímenes de la jurisdicción de la Corte presuntamente cometidos en la situación desde el 13 de junio de 2014, fecha a la que se refiere la remisión de la situación en Palestina a mi Oficina.

La Oficina determinará, en su momento, cómo priorizará su investigación a la luz de los retos operativos a los que nos enfrentamos como consecuencia de la pandemia, los limitados recursos de que disponemos y la gran carga de trabajo. Sin embargo, estos retos, por muy desalentadores y complejos que sean, no mermarán en ningún caso las responsabilidades de la Fiscalía en virtud del Estatuto de Roma.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, la Fiscalía debe actuar cuando un Estado Parte le remite una situación y se establece que existe una base razonable para proceder a una investigación. Como primer paso, la Fiscalía debe notificar a todos los Estados Partes y a los Estados que normalmente tendrían jurisdicción sobre los crímenes en cuestión, permitiendo así que cualquier Estado interesado solicite a la Oficina que investigue a sus nacionales o a otras personas bajo su jurisdicción por los crímenes del Estatuto de Roma a los que se refiere la notificación (sujeto a una posible revisión por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, SCP).

Cualquier investigación que finalmente lleve a cabo la Oficina se realizará de forma independiente, imparcial y objetiva, sin miedo ni prejuicios. A la luz del Estatuto de Roma, para establecer la verdad, la Fiscalía debe ampliar la investigación a todos los hechos y pruebas que puedan ser relevantes para determinar la responsabilidad penal en virtud del Estatuto y, al hacerlo, investigar tanto los casos de la Fiscalía como los de la Defensa.

La decisión de abrir una investigación es consecuencia del amplio examen preliminar realizado por mi Oficina durante casi cinco años. Durante este período, de acuerdo con su práctica establecida, la Oficina ha estado en contacto con una amplia gama de partes interesadas, incluyendo intercambios regulares y fructíferos con representantes de los gobiernos palestino e israelí.

Sobre la base de estos intercambios, sabíamos que era necesario resolver la cuestión del alcance territorial del Tribunal en el contexto de la situación en Palestina. Como órgano fiscal responsable, nos comprometimos entonces a obtener una decisión judicial previa sobre esta cuestión, ya que considerábamos fundamental obtener dicha aclaración desde el principio para proporcionar una base sólida, al igual que desde el punto de vista jurídico, para futuras investigaciones.

Como consecuencia, el 20 de diciembre de 2019, consciente de la complejidad de la situación y de las nuevas cuestiones que de ella se derivan, anuncié mi intención de solicitar a los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares I (la «Sala») que determinaran claramente el alcance de la jurisdicción territorial de la Corte en la situación de Palestina. En dicha solicitud, fechada el 22 de enero de 2020, expusimos detalladamente nuestra posición sobre el derecho e invitamos a la Sala a recabar la opinión y los argumentos de todas las partes interesadas antes de decidir sobre la cuestión concreta de la jurisdicción que tenía ante sí, y así lo hizo tras haber escuchado la opinión de todas las partes interesadas.

El 5 de febrero de 2021, la Sala dictaminó, por mayoría de sus magistrados, que el Tribunal podía ejercer su competencia penal en la situación en Palestina y que su jurisdicción territorial se extendía a Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. En esa decisión tomada por mayoría, la Sala subrayó que no pretendía determinar si Palestina era un Estado según el derecho internacional público, ni juzgar una disputa fronteriza ni prejuzgar la cuestión de las posibles fronteras futuras. El único propósito de su decisión fue definir el alcance de la jurisdicción territorial de la Corte, a los efectos del Estatuto de Roma, como se había solicitado. Las cuestiones sobre las que la Sala no ha tomado una decisión y sobre las que mi Oficina no ha adoptado una posición deberán ser determinadas por las autoridades israelíes y palestinas en conversaciones bilaterales con vistas a alcanzar un acuerdo.

Tras examinar las observaciones presentadas por los Estados, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas, la Sala también consideró por unanimidad que Palestina era un Estado Parte en el Estatuto de Roma. La Sala también consideró, por mayoría de sus magistrados, que la remisión de la situación desde Palestina debía dar lugar a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, ya que existía una base razonable para hacerlo de acuerdo con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma.

En vista de las intensas reacciones, en uno u otro sentido, a esta decisión de la Sala, creemos que es importante volver a un debate razonado y equilibrado. En su decisión, los magistrados se limitaron a concluir que la Oficina era competente para investigar los presuntos delitos señalados por ella, pero no se pronunciaron sobre ellos. En cuanto a las cuestiones específicas de jurisdicción, la mayoría de los magistrados de la Sala decidieron incluso aplazar a una fase posterior del procedimiento el examen de cualquier otro argumento que pudiera plantearse al respecto.

Las investigaciones llevan tiempo y deben basarse objetivamente en los hechos y en la ley. Mi Oficina desempeñará sus responsabilidades de acuerdo con estos principios y de forma imparcial, como ha hecho en todas las situaciones que se le han remitido en el pasado. Nuestro único objetivo es cumplir nuestras obligaciones en virtud del Estatuto de Roma con la máxima integridad. Recuerdo, por ejemplo, que cuando se formularon acusaciones sobre la supuesta conducta de las Fuerzas de Defensa de Israel en el caso Mavi Marmara, yo, como Fiscal, me negué a abrir una investigación tras concluir, después de nuestro examen objetivo de los criterios del Estatuto de Roma, que no era necesario proceder.

Sin embargo, en este caso concreto, hay una base razonable para iniciar una investigación, así como casos potenciales que son admisibles. Nuestro examen continuará en el contexto de la investigación para permitirnos seguir evaluando las medidas adoptadas a nivel nacional, de acuerdo con el principio de complementariedad.

Pedimos a las víctimas palestinas e israelíes y a las comunidades afectadas que sean pacientes. La CPI no puede ocuparse de todos los males y su único objetivo es cumplir con la misión que le ha encomendado la comunidad internacional, es decir, luchar contra la impunidad de los autores de cualquier delito contemplado en el Estatuto de Roma para prevenir esos delitos en el futuro. Para ello, la Oficina se centra en los presuntos delincuentes más notorios o en los que tienen mayor responsabilidad en la comisión de crímenes.

En última instancia, son las víctimas, tanto palestinas como israelíes, del largo ciclo de violencia e inseguridad, que ha causado un profundo sufrimiento y una terrible sensación de desesperación en ambas partes, quienes deben estar en el centro de nuestras preocupaciones. La Oficina reconoce las implicaciones más amplias de esta situación para la paz y la seguridad internacionales. Cuando se creó la CPI, los Estados Partes reconocieron que los atroces crímenes «amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo» y expresaron su compromiso de «garantizar el respeto y la aplicación duraderos de la justicia internacional». La paz y la justicia deben considerarse imperativos complementarios.

Contamos con el apoyo y la cooperación de las partes y de todos los Estados Partes del Estatuto de Roma para llevar a cabo nuestra misión. Mi Oficina espera trabajar con el Gobierno de Palestina y el Gobierno de Israel para servir mejor a la justicia a través del trabajo complementario de los sistemas judiciales nacionales e internacionales. De este modo, esperamos establecer la responsabilidad y hacer justicia a las víctimas palestinas e israelíes de los crímenes del Estatuto de Roma.

Situación en Palestina. Resumen de los resultados del Examen Preliminar

La Fiscalía de la CPI lleva a cabo exámenes preliminares, investigaciones y procesamientos del crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión de forma imparcial e independiente. Desde 2003, la Fiscalía ha investigado varias situaciones que entran en la jurisdicción de la CPI, como Afganistán (pendiente de la solicitud de suspensión de la investigación en virtud del artículo 18), Bangladesh/Myanmar, Burundi, República Centroafricana, Costa de Marfil, Darfur, Sudán, Georgia, Kenia, Libia, Malí, Uganda, República Democrática del Congo (dos situaciones distintas) y República Centroafricana. La Oficina también está llevando a cabo exámenes preliminares con respecto a las situaciones de Bolivia, Colombia, Guinea, Filipinas y Venezuela (I) y (II), y ha finalizado recientemente otros dos con respecto a las situaciones de Nigeria y Ucrania (a la espera de la presentación de solicitudes de autorización para abrir una investigación).

Fuente: Corte Penal Internacional (https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine&ln=fr)

Traducido por: Misión Diplomática de Palestina en España (Helena Alcañiz Sobrino)

LOS CONCEPTOS, OPINIONES E INFORMACIONES EMITIDAS EN PALESTINASOBERANA.INFO SON RESPONSABILIDAD DIRECTA DE QUIENES LAS ELABORAN Y NO NECESARIAMENTE REPRESENTAN LA POLÍTICA EDITORIAL DE ESTE MEDIO
Shale theme by Siteturner