Expertos de la ONU denuncian las ‘detenciones, acoso e intimidación’ que sufren activistas por parte de Israel

27 de enero de 2021

Israel nunca ha respetado los derechos humanos y menos la legalidad. Miles de acusaciones e informes de todos los organismos humanitarios del mundo, incluyendo organizaciones israelíes y judías de derechos humanos, lo confirman. La estrategia israelí en vez de respetar los DDHH, es insultar, perseguir y encarcelar los activistas y defensores.
Dos expertos de Naciones Unidas (ONU) han denunciado este martes las “detenciones, acoso e intimidación» que sufren activistas por parte de Israel, que busca «silenciar a los defensores de los Derechos Humanos».

El relator especial sobre la situación de los Derechos Humanos en el territorio palestino ocupado, Michael Lynk, y la relatora especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, han lamentado esta situación que enfrenta, en concreto, Issa Amro.

Amro es un defensor palestino de las garantías fundamentales y fundador de un grupo con sede en Hebrón que se opone a la expansión de los asentamientos en Cisjordania mediante la resistencia civil no violenta.

Recientemente, un tribunal militar israelí halló culpable a Amro de seis cargos relacionados con sus actividades vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos entre 2010 y 2016, una situación que para los expertos «forma parte de un patrón claro y sistemático de detención, acoso judicial e intimidación» en Israel.

De este modo, Lynk y Lawlor han manifestado su temor a una pena de cárcel para el activista, quien conocerá su sentencia el próximo 8 de febrero.

Se le imputan tres delitos relacionados con su participación en manifestaciones que carecían de autorización, dos delitos vinculados a obstruir las fuerzas de seguridad –cuando presuntamente se negó a acompañar a los agentes de la ley durante su detención– y por un delito de agresión, por empujar supuestamente a un guardia de un asentamiento en 2010.

Los expertos han indicado que la condena parece tener una motivación política y han precisado que «el hecho de no notificar a las autoridades la celebración de una asamblea no convierte por sí mismo en ilegal el acto de participar en ella», al tiempo que han recordado que el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho de reunión pacífica.

El primer juicio de Amro ante un tribunal militar israelí se produjo en 2016 cuando se presentaron contra él 18 cargos, entre ellos los de provocación, acceso a una zona militar cerrada y participación en una manifestación que carecía de autorización.

«El sistema judicial militar israelí en Cisjordania es sumamente defectuoso y se ha utilizado repetidamente para silenciar a los defensores de los derechos humanos. El sistema sigue una interpretación vaga de los delitos y las órdenes militares no aclaran qué conductas pueden dar lugar a un delito», han criticado los expertos, quienes, además, han enviado varias cartas a Israel pidiendo aclaraciones sobre el caso de Amro.

«Israel debe obedecer sus obligaciones internacionales de proteger a los defensores de los derechos humanos», han sentenciado sobre esta situación que consideran una forma de «callar» a los activistas, un patrón que ha aumentado recientemente.

Fuentes: Europa Press y www.notimerica.com

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