Una ley otomana y un plan israelí ‘matan’ la solución de dos Estados

El palestino Ibrahim Abayat muestra el recibo de su último pago de impuestos por sus tierras que en noviembre abonó a la Administración Civil, organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en territorio ocupado, y le permite demostrar su “vínculo”, pero sin suficiente base legal para ser declarada propiedad privada, que evitaría su confiscación. EFE

22 de enero de 2019

Por Laura Fernández Palomo,

Las tierras de los palestinos Ibrahim Abayat y Yousef Rayan, declaradas estatales por Israel, acogerán una nueva colonia judía que comprometerá la creación de un Estado palestino, denuncia la ONG israelí Paz Ahora ((Shalom Ajshav) sobre el plan avanzado estas Navidades, “cuando nadie prestaba atención”.

“Matará la solución de dos Estados, porque no puede haber un Estado palestino sin continuidad territorial”, explica a Efe las consecuencias Hagit Ofran, de la ONG israelí, que documenta la expansión de colonias en territorio palestino, impulsada desde la llegada de Donald Trump a la Administración estadounidense.

Ofran despliega un mapa de Cisjordania en el que señala, al sur de la ciudad palestina de Belén y cerca del asentamiento israelí de Efrat, el denominado plan E2, que no sólo fragmenta este territorio ocupado sino que impide el desarrollo natural de la emblemática urbe.

El plan E2 tiene el mismo impacto que el polémico E1 -para unir la colonia de Maale Adumin en Cisjordania con Jerusalén-, este último más conocido por la oposición internacional que supuso la orden de demolición, actualmente pospuesta, de la villa beduina de Jan Al Ahmar, para posibilitar su desarrollo.

El pasado 26 de diciembre, en pleno periodo navideño, el Ministerio de Vivienda de Israel avanzó significativamente el plan E2 al asignar las propiedades de Abayat y Rayan, entre otros dueños palestinos, a la construcción de 2.500 viviendas israelíes en territorio ocupado.

Legalmente, el Gobierno israelí “utiliza una ley del Imperio Otomano (1858) por la que si la tierra no está cultivada, pertenece al Estado”, explica Ofran sobre un método que ha permitido a Israel hacerse con el 16 % del territorio cisjordano “sin que suponga formalmente una confiscación”.

Abayat pasea por sus parcelas con el recibo de su último pago de impuestos que en noviembre abonó a la Administración Civil, organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en territorio ocupado, y le permite demostrar su “vínculo”, pero sin suficiente base legal para ser declarada propiedad privada, que evitaría su confiscación.

“Estuvieron aquí mis padres y mis abuelos, con los jordanos y británicos (que no interpretaron la ley otomana de esa manera) y los turcos”, reivindica este octogenario hombre, a pocos metros de donde guarda a sus ovejas, a las que asegura que alimenta con el pasto de sus tierras, del mismo modo que las ha cultivado como medio de subsistencia.

Este palestino junto con sus vecinos perdieron en 2016 un proceso legal por el que la Justicia israelí congeló el “uso” de las tierras tanto por parte de sus propietarios como de los colonos israelíes que habían levantado un asentamiento en las inmediaciones.

La colonia de Guivat Eitam quedó deshabitada durante dos años, pero el pasado septiembre fue retomada por israelíes, en esta ocasión, con la aprobación del Gobierno, para establecer una granja agrícola.

Con alrededor de 1,7 kilómetros cuadrados declarados por Israel tierra estatal, al urbanista israelí Uri Raicher le preocupa quién es el destinatario de esas tierras y alerta sobre el futuro desarrollo “con poblaciones viviendo más en grandes ciudades (como Belén) que en zonas rurales”, un fenómeno mundial.

“Un nuevo asentamiento aquí quedaría dentro de la gran región metropolitana que será (Belén) en veinte años”, considera y descarta la posibilidad de que un Estado palestino esté compuesto de “islas -territorios fragmentados- como Hong Kong o Singapur, que son anomalías políticas”.

Para la comunidad internacional, “el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluido Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera”, según consta en la resolución 2334.

Pero Rayan dice frustrado ya no saber qué leyes le pueden amparar y lo que más lamenta es no poder construir casas para sus hijos y nietos, como es costumbre entre los palestinos, en las tierras registradas a nombre de su abuelo desde 1967.

“Nosotros estamos sentados donde comemos y dormimos. Son ellos (los israelíes) los que vienen a nosotros”, resume a su juicio la situación de la propiedad para los palestinos en Cisjordania.

Fuente: Laura Fernández Palomo, Agencia EFE

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