Video: Palestina denuncia a Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes vinculados a la ocupación

Foto de archivo: sede del Tribunal de la Haya

22 de mayo de 2018

Ente las acusaciones se incluye la muerte de civiles, la expulsión de población y la usurpación de tierras.  Palestina ha denunciado este martes a Israel por crímenes de guerra y otros delitos ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.

El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riad Malki, ha presentado a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, un pliego de cargos para que el tribunal investigue “crímenes y violaciones” relacionados con la “actividad colonial israelí bajo la ocupación en los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este”. La petición de investigación incluye la reciente muerte de decenas de manifestantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza por disparos de soldados israelíes.

“Al mantener y ampliar los asentamientos, Israel comete crímenes de guerra y contra la humanidad, y el crimen de apartheid contra el pueblo palestino”, argumentó Malki en una conferencia de prensa, La denuncia que ha presentado es una especie de causa general contra “el régimen colonial del Gobierno de Israel, cuyos principales responsables deben responder de sus actos”. “Los crímenes siguen perpetrándose, y nadie hace nada. Hay un silencio mundial ante la situación, cuando el principal pilar de la paz es la justicia, y por eso el Estado de Palestina busca justicia, no revancha”, defendió.

El jefe de la diplomacia de Palestina ha invocado la condición de Estado miembro desde hace tres años del Estatuto de Roma, por el que se creó la CPI, para reclamar a la fiscalía que examine los casos denunciados. Ente otros, se incluye la muerte de civiles sin causa legal, la expulsión de población palestina en los territorios ocupados, la apropiación ilegal de sus tierras, la demolición de sus casas y locales, y la política de Israel de “detenciones arbitrarias”.

“El régimen colonial practica el desplazamiento forzoso de población palestina y la transferencia ilegal de ciudadanos israelíes a un territorio bajo ocupación para perpetuar así su presencia (…) lo que incluye la expansión de los asentamientos y de sus infraestructuras vinculadas, como el Muro (barrera de separación), y el bloqueo a la franja de Gaza”, asegura un comunicado previo a la denuncia del Ministerio de Exteriores palestino.

Palestina, en calidad de Estado miembro de la CPI, está facultada para presentar la denuncia y pedir la inmediata investigación de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros delitos. Tras acusar recibo, la fiscalía tiene independencia para decidir si abre o no la indagación. En caso de que cuente con pruebas o indicios suficientes, debe solicitar autorización a los jueces para incoar diligencias formalmente.

En los últimos tres años, la fiscalía solo se ha dedicado a recabar información preliminar con relación a Palestina e Israel. Estados Unidos solicitó al presidente palestino, Mahmud Abbas, que paralizara las denuncias ante la CPI para no perjudicar los esfuerzos de mediación de la presidencia del demócrata Barack Obama ante Israel. Tras la ruptura del consenso internacional por el republicano Donald Trump, mediante el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí y el traslado de la Embajada norteamericana a la Ciudad Santa, el líder palestino ha decidido reactivar las acusaciones contra Israel ante la justicia internacional.

“El Estado de Israel considera que se trata de un paso cínico sin validez legal”, aseguró un portavoz diplomático en un comunicado. “Los palestinos están explotando a la Corte Penal Internacional con fines políticos, en lugar de trabajar para reanudar el proceso de paz” , agregó. “Están explotando también a mujeres y niños como escudos humanos para ataques violentos contra la seguridad de los ciudadanos israelíes”, dijo en alusión a la situación en la frontera de Gaza.

El Ministerio de Exteriores hebreo sostiene que la CPI carece de jurisdicción sobre el conflicto israelo-palestino, ya que Israel que no es miembro del Estatuto de Roma y porque la Autoridad Palestina no es un Estado, sino un mero país observador en Naciones Unidas. “Israel actúa de acuerdo con un sistema de judicial independientes, acorde con el de un Estado democrático y de conformidad con el Derecho Internacional”, enfatizó el portavoz. Una delegación de fiscales y magistrados viajó en octubre de 2016 al Estado judío en una misión divulgativa destinada a evitar suspicacias y dar a conocer la tarea de la justicia penal internacional. Israel se ha negado tradicionalmente a colaborar con la CPI.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio el último aldabonazo sobre los asentamientos a Israel en diciembre de 2106 al aprobar —por unanimidad de sus miembros, salvo la abstención de EE UU, que no ejerció su derecho al veto— la resolución 2334, que negaba legitimidad a las colonias construidas desde la guerra de los Seis Días. En el territorio comprendido entre el río Jordán y la Línea Verde, que fijaba fronteras antes de 1967, se han instalado hoy unos 400.000 israelíes en 131 emplazamientos “autorizados” y en otros 97 declarados “ilegales” por el propio Gobierno israelí.

La comunidad internacional no reconoce legalmente ninguno de esos asentamientos, independientemente de la calificación que les conceda el Estado hebreo. Miles de soldados están desplegados para proteger unas colonias que disponen de caudales de agua siete veces superiores a los palestinos y tienen a su servicio las principales carreteras. Otros 200.000 colonos residen en la parte oriental de Jerusalén, que fue anexionada en 1980 por decisión del Parlamento israelí.

“La impunidad de Israel debe terminar, y es hora de que sea castigado el autor del crimen –el ocupante— y no la víctima —el ocupado–”, aseguró la responsable de la Organización para la Liberación de Palestina Hanan Ashrawui tras la presentación de la denuncia en La Haya. “El hecho de que Estados Unidos y otros gobiernos no le responsabilicen de la actual situación, ha servido para que Israel se afiance en la ocupación a expensas del pueblo palestino”.

Tras los Acuerdos de Oslo de 1993, la Autoridad Palestina mantiene un teórico control exclusivo sobre la llamada área A –las grandes ciudades y su entorno–, que representa un 18% de Cisjordania. Las tropas israelíes siguen penetrando a su antojo, sin embargo, dentro de su perímetro por razones de seguridad. En otro 21% del territorio, los palestinos asumen la gestión civil mientras el Ejército se ocupa de vigilar la llamada área B, que incluye poblaciones menores. El restante 61%, el área C, se halla por completo en manos de Israel. Los mapas de Cisjordania trazados por Naciones Unidas se asemejan a una piel de leopardo, en donde cerca de tres millones de palestinos se encuentran rodeados y aislados.

PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN URGENTE

Técnicamente, la denuncia presentada por palestina contra Israel, es una petición a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra una investigación con carácter urgente. A los crímenes de guerra y contra la humanidad ya denunciados, se añaden ahora el crimen de segregación étnica o apartheid.

Amparándose en medio siglo de programa de asentamientos israelíes, considerados un acto colonial, se apoyan en sendos precedentes legales. En 2004, el Tribunal Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de Naciones Unidas, consideró que las colonias israelíes en Jerusalén y Cisjordania “violaban las leyes internacionales”. En 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU hizo otro tanto.

En 2015, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, decidió evaluar la denuncia presentada por el Gobierno palestino contra Israel por presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza, y en Jerusalén Este, desde el 13 de junio de 2014. Ese año, el Ejército israelí lanzó la Operación Margen Protector, en la que en el que murieron 2.200 palestinos, de los que unas dos terceras partes eran civiles, y 73 israelíes, entre los que figuraban 67 militares. Al haber aceptado Palestina la jurisdicción de la Corte, la actuación de los milicianos de Hamás y otros grupos armados también puede ser investigada.

Israel no es un Estado miembro y tampoco reconoce la competencia del tribunal, ni admite la existencia de Palestina como entidad legal. Si bien la CPI no dispone de policía para efectuar arrestos, y depende de los Estados miembros para ello, “puede entrar en suelo palestino para efectuar sus investigaciones”, sostiene Riad Malki, ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina.

Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/05/22/actualidad/1526979302_304042.html

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